Las instituciones de seguridad pública representan a toda la ciudadanía, y de esa representación depende el prestigio con el que actúan frente a la sociedad. Cuando una corporación policial o un cuerpo de procuración de justicia goza de un buen prestigio, la población tiende a acercarse a ella; cuando ese prestigio se erosiona, ocurre lo contrario. Esta relación no es solamente un asunto de percepción o de comunicación institucional, tiene consecuencias directas sobre la disposición de las víctimas a denunciar un delito, y por lo tanto sobre la capacidad del Estado para conocer la magnitud real de la delincuencia y actuar frente a ella.